Junto a un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, presentarán un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
La familia de Santiago Maldonado, junto a un grupo de organizaciones de Derechos Humanos, presentarán mañana, ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, un recurso de apelación al fallo del juez federal Gustavo Lleral con el que se cerró la causa por la "desaparición y muerte" del artesano ocurrida el 1 de agosto de 2017 en el territorio ocupado de Cushamen, Chubut.
A la acción judicial de los Maldonado se sumarán la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de Ex Detenidos de Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quienes argumentarán ante la Cámara de Apelación, que la investigación realizada primero por el juez federal desplazado Guido Otranto, y luego por el juez Lleral, careció de un cuerpo de investigadores independientes, y que no se tomaron en cuenta las circunstancias en las cuales el joven decidió meterse al río Chubut donde pereció ahogado.
Por otra parte, los Maldonado insisten en que no están convencidos de los resultados obtenidos de la autopsia en la que se concluyó que el tatuador falleció poco después de caer en una zona profunda del río, con una temperatura de alrededor de 4 grados.
La familia ha dejado entender en varias ocasiones que en su visión el joven fue "plantado" en el río y que existían señales de que el cuerpo había sido "criogenizado".
Altas fuentes judiciales explicaron a Télam que consideran poco probable que el recurso prospere en la Justicia, puesto que el fallo de 300 páginas del juez Lleral es "minucioso y contundente".
"Además está el antecedente de la Cámara Federal de Apelación y de la Cámara de Casación Penal que dieron por válidas las escuchas ordenadas por el juez Otranto, mostrando ya un criterio sobre el contenido del fallo y la investigación", señaló esta fuente.
La Justicia tendrá 10 días para evaluar si la solicitud es revocada o se dispone su reapertura para una nueva investigación.
El juez Otrando ordenó en agosto de 2017 grabar las conversaciones de los allegados de Maldonado para obtener pistas de su paradero, entonces desconocido.
Las grabaciones revelaron, de acuerdo a las conclusiones de la fiscal federal Silvina Avila, que miembros de la comunidad mapuche y militantes K ayudaron a armar testimonios falsos.
Por estos hechos el Gobierno impulsó una serie de querellas por falso testimonio y asociación ilícita.
"Desde el principio de la causa, exigimos una investigación seria, imparcial y exhaustiva para poder llegar a la verdad. En cambio encontramos un sistema judicial que se encargó de atacar tanto a Santiago cómo a nuestra familia, a través del Juez Otranto y la Fiscal (Silvina) Ávila", señaló la familia Maldonado en un comunicado.
En su fallo, el juez Lleral resaltó la independencia con la que actuaron los investigadores, las conclusiones a las que arribaron los peritos –incluyendo los de parte-- y el testimonio de Lucas Naiman Pilquiman que reconoció haber dejado al joven solo junto al río el día de su muerte.
"En suma, analizada la sólida prueba reunida, y establecida con certeza la realidad de los hechos, corresponde descartar por completo la hipótesis criminal acerca de la presunta desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado", indicó el magistrado en su escrito.