Así lo precisó el procurador del Tesoro de la Municipalidad de la Capital, Fernando Sleibe. La empresa fue notificada de todas las infracciones que se remitieron al Tribunal de Faltas.
El procurador del Tesoro de la Municipalidad de la Capital, Fernando Sleibe, afirmó que las multas aplicadas a Ersa por incumplimiento del servicio de transporte de pasajeros y violaciones a las ordenanzas y leyes de tránsito son objeto de demandas judicial para su cobro, que incluyen el pedido de embargo hacia la empresa si no las abona.
El funcionario explicó que la prestataria del servicio de transporte de colectivos cometió numerosas transgresiones en el ejercicio de su actividad las que son detectadas por la Dirección de Tránsito y Transporte municipal en cumplimiento de las funciones de contralor que les son propias y observando siempre los protocolos de actuación pertinentes.
Sleibe indicó que todas las “infracciones fueron remitidas al Tribunal de Faltas municipal, quienes garantizando el debido proceso y el derecho de defensa citaron a los empresarios para que realicen sus descargos, sin embargo no se presentaron, se los declaró en rebeldía y se dictó la sentencia condenatoria”.
“Por ello se originaron importantes créditos a favor del municipio y la Procuración del Tesoro inició las demandas que fueron presentadas ante el Poder Judicial de la provincia, tal cual como se le hace a cualquier infractor. Estas demandas interpuestas eventualmente podrán dar lugar a embargos y secuestros de bienes para garantizar el cobro de las multas aplicadas por la municipalidad a la empresa Ersa”, agregó el funcionario municipal.
Entre las multas, que fueron confeccionadas por los controles permanentes del municipio, están incumplimiento del horario y las frecuencias, pasar semáforos en rojo, la falta de higiene interna de los colectivos, exceso de pasajeros, mal estacionamiento de las unidades, paragolpes deteriorados, falta de luces, apertura de puertas de manera imprudente, deficiencia en la iluminación interior, modificación de recorridos sin autorización, trato descortés con los usuarios y otras contempladas en las ordenanzas municipales.