La justicia francesa trabaja sobre un caso en los últimos años donde se mezclan adulterio, pornografía, realeza y deudas impagas.
La Séptima Cámara en los Civil del Tribunal Superior de Nanterre, un suburbio de París, deberá decidir este jueves sobre un caso en el que viene trabajando en los últimos años en el que se mezclan adulterio, pornografía, realeza y deudas impagas.
Y también, la hipocresía moral de uno de los regímenes más cerrados y conservadores de Medio Oriente.
Se trata de una deuda de 90 mil euros que habría dejado el príncipe y ex ministro de relaciones exteriores saudita Saud Al Faisal antes de morir de un ataque al corazón en Los Ángeles, el 9 de julio de 2015… y que sus herederos se niegan a abonar.
El reclamo de la empresa Atyla es por la producción de videos pornográficos a medida, realizados por encargo de SCI 25 avenue Bugeaud, la sociedad inmobiliaria que administra el palacete donde reside la familia real saudita cada vez que viaja a París, que pertenecía a Al Faisal y que quedó a cargo de sus hijos, que se niegan a pagar por el encargo.
El asunto es especialmente vergonzoso para la monarquía saudita, que impone las rígidas normas de conducta del islam wahabista. Al Faisal era primo de Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y nuevo hombre fuerte de la casa Saud.
En las películas encargadas por Al Faisal no hay esclavitud, no hay violencia, no hay sadomasoquismo, pero la amante debe "dominar" a su compañero por medio de su "don divino", según reportó el diario parisino L'Express. La acción más intensa comienza tras una escena en la que ella descubre la presencia de su pareja, escondida en el apartamento, solo después de que él comienza a tocarla. Ella le sugiere a él que utilice su pene para abofetearla y lo tome por la fuerza, hasta que a ella "le guste".
Faisal habría pedido que la protagonista de esos filmes fuese su amante habitual en sus visitas a París. Su fantasía era verla en acción junto a un hombre negro, estrella del cine porno francés. Por las 3 películas de 45 minutos acordó pagar 50 mil euros, más 25 mil euros extras por "shows en vivo" en su residencia, más 15 mil euros de impuestos, según enumeró el abogado de Atyla, Ivan Izkovitch.
Esa sociedad, que durante años proveyó de servicios de conserjería a la casa real saudita durante sus visitas a Francia, intentó negociar la deuda con reserva, pero ante la falta de una solución, en mayo de 2017 decidió recurrir a la justicia, con lo que el asunto tomó trascendencia pública.
Al comienzo, Atyla presentó sólo una factura de 75.000 euros con las leyendas "reembolso de comisiones bancarias" y "proyecto personal". Pero ante la insistencia en el rechazo de la demanda por parte de Lana Al Saoud, gerente de SCI e hija del fallecido príncipe, la firma de conserjería comenzó a brindar detalles sobre qué se trataba aquel "proyecto personal".
Así, presentó como pruebas el intercambio de correos electrónicos entre Antolin Dugenia, supuesto mayordomo de Al Faisal y la empresa. En esos correos, el ex canciller saudita nunca aparece mencionado por su nombre. Siempre se lo menciona como "el príncipe" o "él". En eso se apoyado su defensa para negar cualquier vínculo con Dugenia y que esos correos hicieran referencia a Al Faisal.
El abogado de Atyla también aportó en la Corte el nombre de la supuesta amante marroquí de Faysal (que la Justicia mantuvo en reserva), quien habría sido la protagonista de los filmes eróticos. Dos días después de la muerte de Faisal, una de las propiedades del príncipe en París pasó a manos de la marroquí, así como la administración de una agencia inmobiliaria que pertenecía al entonces canciller, lo que para el abogado Izkovitch demuestra la relación que existía entre ambos.
En la Corte, sin embargo, Atyla solo presentó por ahora una copia del pasaporte de la marroquí un par de capturas de la filmación de las películas. Pero su abogado asegura que si el caso no se resuelve en su favor, podría mostrar escenas completas de los filmes durante la apelación.
Bouchez El Ghozi, abogado de la familia real saudita, aseguró al diario francés que esas supuestas pruebas "no demuestran ningún vínculo". Insistió en que todo se trata de "una estafa" que sólo pretende "manchar la memoria" del príncipe fallecido y amenaza con una demanda criminal contra el gerente de Atila una vez que esta causa se defina en su favor.