Cambios en las Fuerzas Armadas. Prepara un proyecto de ley para crear un cuerpo de reservistas. Serán civiles y actuarán sólo en caso de conflicto bélico.
En este año electoral el Gobierno tiene en carpeta un proyecto de ley que puede generar ruido en materia militar. Se trata de la creación de un equipo de reservistas que recibirán un entrenamiento y estarán a disposición de las Fuerzas Armadas en el caso de que surja un conflicto bélico y deban actuar.
En total buscarán entrenar y preparar unos 10.000 efectivos, muchos de los cuáles llegarán desde la vida civil.
La elaboración del proyecto está en manos del Ministerio de Defensa que conduce Oscar Aguad. En principio, implicará la reducción paulatina del servicio activo de militares, que ya comenzó y que hizo disminuir de 80.000 a 70.000 el número militares y civiles activos en las tres fuerzas.
El proyecto plantea que el equipo de reservistas estará disponibles en caso de una situación de enfrentamiento armado. Si la ley se aprueba, se hará una convocatoria pública para que los civiles se sumen y reciban un entrenamiento similar al de un soldado.
En Defensa buscan desvincular a los futuros reservistas con el servicio militar, hoy optativo, que apunta a engrosar las Fuerzas Armadas. Quienes reciban el entrenamiento, cuando lo finalicen podrán volver a la vida civil y tendrán el grado de reservistas. Solo serán convocados ante un eventual conflicto bélico.
Además, aseguran que los planes de estudio serán completamente diferentes a los del servicio militar.
Antes de que Carlos Menem derogará el servicio militar obligatorio -tras el asesinato en 1994 del conscripto Omar Carrasco- los reservistas eran quienes salían tras hacer la "colimba", como se le solía decir. Quienes la terminaban quedaban a disposición en caso de enfrentamientos.
El proyecto también prevé que sean llamados a integrar las fuerzas reservistas jóvenes profesionales para que puedan trabajar con nuevas tecnologías y en la prevención de cyber delitos.
El proyecto estipula que quienes realicen el entrenamiento y queden como reservistas recibirán una paga. Aunque aún no está definido cuál será el monto, cobrarán una remuneración entre una y dos veces al año cuando se los convoque a un entrenamiento y capacitación.
Como los reservistas serán civiles, la iniciativa contempla que en caso de que trabajen, los empleadores no podrán echarlos cuando estén en período de entrenamiento. En principio, los días de capacitación serían entre 15 y 29 por año.
A la par de este proyecto que buscarán poner en la agenda del Congreso este año, Aguad viene trabajando junto a Horacio Jaunarena -ex titular de la cartera de Defensa bajo la administración de Raúl Alfonsín- en la elaboración de un nuevo Código de Justicia Militar.
Se sabe que Jaunarena es partidario de un cambio de todo el plexo normativo, pero hoy el Gobierno descarta enviar una nueva ley de Defensa que, por ejemplo, modifique la prohibición de los militares de actuar abiertamente en algunas cuestiones de Seguridad Interior.
El presidente Mauricio Macri el año pasado sacó un decreto -que reemplazó a otro del kirchnerismo- que estableció que los militares den apoyó logístico a las fuerzas de seguridad en la frontera y participen en el control de los llamados "objetivos estratégicos" que incluyen a represas, centrales nucleares y radares). Así buscó establecer un nuevo paradigma del enemigo, que ya no sólo es externo como se había establecido durante el kirchnerismo.
Aguad ha señalado a este diario que los tres objetivos de 2019 estarán apuntados a la vigilancia de la frontera norte -adonde se envió un primer contingente de 500 hombres, pero habrá más- a la del Océano Atlántico y a la cyber defensa. Con un presupuesto que ronda el 1% del PBI, Argentina es uno de los países de la región que menos equipada tiene a sus fuerzas armadas.
"Nuestra Ley de Defensa data del tiempo en donde todavía subsistía en el mundo la denominada Guerra Fría", ha señalado Jaunarena, que destaca que en aquel mundo no existían como hoy desafíos como el terrorismo o el narcotráfico entre otros, lo que plantea que el Estado ya no puede autolimitarse al caso de una agresión externa.