El gobierno nacional analiza un monto extra para planes sociales y AUH. Podrían adelantar tres meses la suba a jubilados.
El Gobierno terminará de definir en las próximas horas el alcance del bono salarial con una ampliación a trabajadores estatales -sujeto a una negociación por separado- y a beneficiarios de planes sociales.
El decreto, según el último borrador oficial que contaba con la aprobación de la central obrera, contemplaba el pago de un plus no remunerativo de $5.000 en dos cuotas iguales de $ 2.500 con los sueldos de noviembre y enero próximo. El pago será obligatorio para todos los trabajadores del sector privado con excepción de los rurales y el personal doméstico, sujetos a sus propios estatutos distintos de la ley de Contrato de Trabajo. En el Ejecutivo, sin embargo, planean en lo inmediato dar a conocer medidas en la misma línea para otros sectores no contemplados en el texto que negociaron la CGT y las cámaras empresarias.
Mientras que para los beneficiarios de planes sociales hay anuncios en proyecto. Es que además de los suplementos para los trabajadores privados y públicos, también tiene bajo análisis la posibilidad de conceder algún plus de fin de año a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH.
La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ya había adelantado que habría un bono para perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pero en Hacienda se mostraron más ambiciosos: recordaron que los directorios de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron préstamos para la Argentina por un total de 1.850 millones de dólares para la contención de sectores sociales vulnerables. Y explicaron que Stanley definirá en lo inmediato cómo reforzar los planes sociales en sintonía con el resto de los anuncios.
Jubilados
El Gobierno mira ahora a los jubilados. "Los haberes crecieron 28,5% este año y quedaron relegados con la inflación", aceptan en Gobierno. Según fuentes oficiales, se evalúa como alternativa adelantar a diciembre la actualización correspondiente a la aplicación de la fórmula de movilidad prevista para marzo, lo que -de acuerdo con las estimaciones oficiales- significaría una suba de 11% en los haberes. Actualmente, el mínimo está en $ 8637.
Otra posibilidad es hacer uso de la salvaguarda social que tiene la Casa Rosada con el FMI, por $ 13.500 millones. Desde ANSeS aseguran que no hay nada todavía en carpeta y comentan que el año que viene, por el Presupuesto 2019, los jubilados van a recuperar terreno: la inflación está prevista en 25 puntos y el índice de movilidad alcanzaría 37. Pero estas son las proyecciones que el Gobierno hace y a las que suele después señalar como una referencia más que un pronóstico certero.
Esa alternativa, sin embargo, recién podrá ser definida una vez que el Senado termine por sancionar el proyecto de Presupuesto, lo que se concretaría en la sesión de este miércoles.