La ley Brisa no puede aplicarse en Tucumán porque la Legislatura no adhirió a la norma. Los hijos de víctimas de femicidios pueden acceder a un subsidio de Nación.
Tucumán necesita una ley de adhesión a una norma nacional para que las niñas y niños que perdieron a su madre por un femicidio reciban asistencia económica. A nivel nacional se aprobó y asignó este año presupuesto para aplicar la Ley Brisa (N° 27.452), que establece que todo infante y adolescente que haya quedado huérfano a causa de la violencia machista recibirá hasta cumplir la mayoría de edad -21 años- un monto equivalente a la jubilación mínima, es decir, $ 8.638. En la Legislatura tucumana hay cinco proyectos que deben ser tratados en las comisiones para poder debatirse en el recinto.
“La ley es fundamental para las víctimas bilaterales, que son quienes quedan en esta situación compleja: la mamá ha fallecido por un femicidio y el papá está preso, en algunos casos. Las familias quedan con conflictos y deben criar a las niñas y niños”, explicó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Érica Brunotto.
Según el informe de femicidios elaborado por la Casa del Encuentro en diciembre de 2017, en Argentina hubo 2.679 femicidios en los últimos 10 años: 3.378 hijos e hijas quedaron sin madre y más del 64% son menores de 18 años. Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en 2017 murió una mujer cada 29 horas por crímenes de género: 298 femicidios. En los primeros seis meses de este año, la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista alcanzó los 139 casos.
En la Legislatura
“En la Legislatura tucumana hay varios proyectos, unos de adhesión y otros proponen crear un sistema de asistencia provincial. Tucumán debería adherir a la ley nacional porque el monto es fijado como ‘Reparación’. Es decir que, por su naturaleza jurídica, se establece el rol del Estado como responsable ante niñas y niños hijos de madres víctimas de femicidios”, continuó Brunotto.
La funcionaria provincial explicó que la ley nacional se aplica con fondos de Anses. Brunotto explicó que en los últimos tres años, desde la creación del Registro Único de Femicidios, contabilizaron 35 infantes y adolescentes que pueden acceder a la ayuda del Estado. El número podría ser mayor, si se consideran los casos anteriores a 2014 en el que las víctimas vinculares no hayan superado los 21 años.
Este diario consultó al vicegobernador Osvaldo Jaldo por el tratamiento de los proyectos en la Legislatura. “Siempre tenemos predisposición para avanzar y sancionar leyes para beneficiar a sectores vulnerados. Como presidente de la Cámara, habría que profundizar el estudio de los proyectos y dialogar con el Poder Ejecutivo. Si es como se plantea, que la adhesión lisa y llana significa dar beneficios a estas criaturas, a estos niños, y que sean costeados con fondos nacionales, no hay dudas que vamos a encaminarnos hacia ello”, sentó posición Jaldo. Y agregó: “Es fundamental para ayudar a los niños, víctimas de este espanto, y sabiendo que no tendrá incidencia presupuestaria para la provincia en los momentos difíciles que se viven. Si esas son las condiciones, podemos adherirnos a la ley antes de fin de año”.
“Necesitamos la ley”
“Cuando fui a la primera marcha del ‘Ni una Menos’ a reclamar justicia por mi hermana, me ha impresionado muchísimo ver una enorme cantidad de personas reclamando justicia, que tienen sobrinos y nietos a quienes criar”, recordó María José Acosta. Su hermana, Alejandra Acosta -era policía- murió el 1 de abril de 2013 tras recibir un disparo en el cuello de su marido, Edgardo Barrionuevo, también de la fuerza. La Justicia lo condenó a cadena perpetua en septiembre del año pasado (los jueces lo culparon por el delito de homicidio agravado por el vínculo). Desde el crimen, los niños viven con Rosa Angélica Sosa, la abuela de los niños. En la casa del barrio La Milagrosa, en Banda del Río Salí, viven nueve: Sosa, su marido Juan Carlos Acosta, cinco hijos, y los niños de Alejandra: uno tiene seis años y el otro, 14. La abuela de los niños cobra la pensión como madre de siete hijos (tuvo 9), pero como ha pedido un préstamo, cobra $ 4.800. “En la parte económica todo es muy difícil. No sólo es la angustia por el crimen, las marchas para pedir justicia, el juicio que llegó después de cuatro años... La ayuda que se propone sería muy importante”, dijo la mamá de la víctima.
“Necesitamos la ley para que las familias de los niños hijos de víctimas de femicidios tengan una ayuda económica para la crianza. También para que se hable de violencia machista y las mujeres que sufran una situación así reaccionen y puedan pedir ayuda antes de que sea tarde”, finalizó Acosta.
Fuente: Diario La Gaceta