Este martes arribará a Jujuy una comisión del Ministerio de Justicia. Buscan liberar a la mamá del nene fallecido con un "perdón humanitario", para que se quede con sus hijas.
Claudia S.E. no quiere volver a la prisión de General Güemes, en Salta, donde estará lejos de sus tres hijas y del recuerdo vivo de su nene Fernando, quien murió seis días atrás, después de pelearle a un cáncer durante un año, el tiempo que ella estuvo presa por intentar pasar cocaína al país para pagarle la quimioterapia.
Después de que la Justicia argentina le permitiera a esta mujer boliviana de 33 años estar en su casa de la ciudad de Montero durante 30 días (hasta mediados de noviembre), representantes del gobierno de Evo Morales aterrizarán este martes en Jujuy con la idea de convencer al juez federal de esa provincia, Ernesto Hansen, de conceder un indulto por razones humanitarias.
Según anunció el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Héctor Arce, una delegación de esa cartera buscará el permiso del magistrado. "El Ministerio de Justicia, en coordinación con la Embajada de Bolivia en Argentina, están llevando una acción contundente para hacer las gestiones y lograr que la mamá de 'Chumita' sea liberada de los cargos penales y así pueda quedarse en Montero para cuidar de sus otros hijos", comentó el funcionario.
Desde el Gobierno de ese país aclararon que no justifican el delito que cometió Claudia pero explicaron que la situación de la mujer debe ser considerara por las autoridades judiciales argentinas para que ella pueda quedarse en su hogar. Además de Fernando, Claudia tiene otras tres hijas, una de ellas bebé, quien nació en la prisión salteña.
Desde que Infobae contó la historia de Claudia se activaron mecanismos para lograr que la mujer pudiera salir de prisión y acompañar a su hijo en las últimas horas de vida. Hansen, que había dictado su procesamiento, la prisión preventiva y un embargo por $20 mil, finalmente cedió y concedió este permiso el viernes 12 de octubre.
La mujer llegó el sábado a Bolivia y pudo estar casi cinco días con su hijo, que ya había abandonado el hospital de Santa Cruz de la Sierra donde era atendido y estaba en su casa, porque había pedido que lo lleven allí a morir, sin saber que su madre finalmente lo acompañaría.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia es la encargada, junto al Ministerio de Justicia, de garantizar que Claudia S.E. cumpla con las restricciones impuestas por Hansen, entre estas, certificar que permanece en su domicilio de Monteros cada 72 horas.
Además, el Ministerio de Salud de su país contribuyó en los cuidados de las últimas horas de Fernandito y desde la cartera de Justicia elaboraron un informe para conseguir ayuda ante las condiciones precarias en las que vive la familia de Claudia (mientras ella quedó presa, su mamá quedó a cargo de "Chumita" y sus dos hermanas).
Claudia quedó presa el 27 de octubre del año pasado cuando agentes de Gendarmería frenaron el remís en el que viajaba, a la altura de la ciudad de Ledesma, en Jujuy. La mujer, que estaba embarazada de cuatro meses, llevaba poco más de un kilo de cocaína en 40 paquetes escondidos en un doble fondo de dos valijas que, según contó, le dieron preparadas en "la rotonda" de Montero, a donde fue a buscar ayuda para pagar la quimioterapia de su hijo.
Allí le dijeron que si lograba dejar esta cantidad de cocaína a una persona en el barrio porteño de Liniers le pagarían 500 dólares. Pero apenas pudo pasar la frontera. Ella explicó a la Justicia las razones por las que había cometido el delito. Andrés Reynoso, su defensor oficial, presentó pruebas que certificaban que la enfermedad de "Chumita" era real.
Como consecuencia de la detención de su mamá, el chico se deprimió y abandonó durante tres meses el tratamiento. Recién lo retomó en marzo de este año, pero ya era muy tarde. Con el fin de frenar la metástasis los médicos le amputaron la pierna. Sin embargo, pocas semanas después le avisaron a su abuela, que lo cuidaba, que la enfermedad era terminal.
Todos esos informes fueron presentados por Reynoso. Pero el juez consideró que sólo se trataba de una excusa. Lo mismo opinaron los jueces Guillermo Elias, Mariana Catalano y Alejandro Castellanos de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Salta, quienes confirmaron el procesamiento, la prisión preventiva e incluso el embargo económico.
"Lo hice porque estaba desesperada. Yo no tenía recursos. Tuve que hacer esto para poder curar a mi hijito pero todo salió mal y me quedé aquí y mi mamá lo estuvo llevando (al médico) pero se empeoró y le amputaron", había contado Claudia a Infobae todavía en prisión.
Con la llegada de los funcionarios bolivianos, Reynoso también intentará el sobreseimiento de Claudia S.E. y presentarán nuevas pruebas de los hechos, sobre todo del fallecimiento de Fernando. La Defensoría del Pueblo de Salta elevará, además, un recurso ante la Cámara de Casación para revocar el procesamiento y la prisión preventiva.
Quienes defienden a Claudia también piensan una salida intermedia, si el juez no avanza con el indulto o el sobreseimiento, que sería pedir que se le extienda el permiso para quedarse en Bolivia.
Horas después de la muerte de su hijo, Claudia pidió que la ayuden a quedarse con sus hijas. "Por favor, necesito quedarme aquí con ellas, y ellas me necesitan. Ayúdenme", suplicó entre sollozos.
El caso conmovió a las autoridades de Bolivia. Apenas unas horas después de la muerte de Fernando, el presidente Evo Morales anunció que el Estado se hará cargo del tratamiento de todos los enfermos de cáncer del país. Sólo en 2017, se registraron 11.194 diagnósticos de esta enfermedad en Bolivia, entre los que estaba el del hijo de Claudia.
Las estadísticas indican que el 27% de los pacientes de cáncer bolivianos muere como consecuencia de un diagnóstico tardío, falta de acceso a un tratamiento oportuno o de recursos económicos. Todo eso le pasó a Fernando.
El programa sanitario arrancará en dos centros especializados privados de la capital nacional, La Paz. "Hemos decidido con las hermanas y hermanos presentes acá que el Gobierno nacional se encargará del tratamiento gratuito por un año de radioterapia", aseguró Morales, quien admitió: "Duele escuchar. Ha sido una gran lección escuchar este problema".