El hecho se registró en la vecina provincia de Chaco.
Con algunos ribetes grotescos que van surgiendo en las declaraciones testimoniales, avanza la investigación por el robo de 100 toneladas de leche de un galpón que pertenece a Salud Pública, un botín que, según el procurador General de la provincia, Jorge Cantero, está valuado en unos 40.000.000 de pesos.
En declaraciones a Radio Libertad, Cantero repasó las últimas novedades del caso y anticipó que “esto tiene que generar la responsabilidad de algún funcionario”.
Cabe recordar que según denunciaron las autoridades de la cartera sanitaria, el robo que se produjo en un depósito de insumos médicos de la cartera, a primeras horas de la mañana del 7 de septiembre.
El predio está ubicado en Ruta Nº 16 a la altura del kilómetro 23 y 24, y es un inmueble alquilado por la cartera sanitaria. Allí se almacenan insumos médicos que luego son repartidos a hospitales y centros de salud de toda la provincia. Lo sustraído, según la denuncia efectuada por la cartera sanitaria, consiste en 100 mil kilogramos de leche y 4 heladeras marca Briket.
Las autoridades, tras tomar conocimiento del robo, procedieron a efectivizar la Denuncia Penal correspondiente a través de la Mesa Única de Intervención Temprana de Fiscalía de Investigación Penal.
Dudas
El procurador General admitió, en principio, que el caso tiene varia aristas “raras”. En esa línea indicó que la denuncia la hace una funcionaria que luego declara como testigo en la causa.
A la vez, apenas iniciada la investigación se planteó la posibilidad de declarar la incompetencia provincial en la causa habida cuenta que manifestó que la leche correspondía a partidas especiales enviadas por la Nación, con asignación a determinados lugares y que el galpón donde se produjo el robo era un “depósito transitorio”. “No obstante, con el avance de la investigación, la fiscal determina que la leche se compró con fondos del Chaco, ya que la operatoria se hizo a través de Fiduciaria del Norte, que cumplió con todos los pasos legales previstos”, detalló.
La cuestión a dilucidar ahora es cómo desapareció la leche después de que fuera entregada a Salud Pública.
Cantero explicó que varios empleados prestaron declaración, así como un trabajador de la empresa Correo Argentino que estaba autorizado por Salud para retirar las cargas con destino a comedores y hospitales, fundamentalmente del interior. “Cada vez que cargaba, anotaba en un cuaderno, con lo cual, no hay registros informáticos y el galpón no cuenta con cámaras de seguridad ni vigilancia e incluso, según algunos testigos, tampoco tiene luz eléctrica”, detalló Canteros.
Gran botín
El procurador General consideró que “hay cosas muy llamativas: 100.000 kilos de leche no pueden perderse así nomás, corresponde a la carga de 4 camiones completos, con lo cual, después recolectar todo el material probatorio con las testimoniales, la semana próxima se determinará a quién o a quiénes se le tomará declaración como imputado”.
Cantero relató que la funcionaria que realizó la denuncia cayó en la cuenta del faltante luego ordenar un retiro y que el personal encargado hacer el reparte le indicara que quedaba un remanente menor al que existía, según los registros.
Robo hormiga
“Esto no es más que una operación matemática, con lo cual, si salió de depósito debe existir un comprobante de la recepción de esa leche, con firma y sello, pero eso no está”, sentenció y subrayó que “sólo se registraba en un cuaderno el retiro del galpón”.
Por otra parte, Cantero descartó la posibilidad de que la leche sólo hay existido sólo en los papeles. “La Fiduciaria del Norte tiene perfectamente acreditada la compra y la entrega física a Salud Pública, y nosotros trabajamos con esta certeza”, aseveró.
A la par, apuntó que el robo no pudo haber sido cometido en un solo acto. Hace falta gente para cargar y camiones con acoplado para el traslado de los 100 mil kilos, entre otras cuestiones. “Creo que esto fue un robo hormiga, y estimo que en el transcurso de la investigación vamos a dar con los autores de esto”, indicó y aclaró además que “esto tiene que generar responsabilidades en algún funcionario porque estamos hablando de bienes del Estado”.
Fuente: diario Norte.