La agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes es una problemática que forma parte de la agenda prioritaria del Superior Tribunal de Justicia.
Los hechos de agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) es una problemática que forma parte de la agenda prioritaria del Superior Tribunal de Justicia, para lo cual viene impulsando medidas orientadas a su abordaje integral, con la participación de otras instituciones estatales y no gubernamentales.
En ese marco, recientemente se acordó con el Ministerio de Salud de la Provincia el dictado de capacitaciones para personal que depende de ese organismo, para instrumentar la aplicación del “Protocolo Interinstitucional de abordaje de NNA víctimas y testigos de abuso sexual y otros delitos para Santiago del Estero”.
La premisa de este trabajo es garantizar el cumplimiento de Convenciones y Tratados Internacionales, así como también lo establecido en la legislación nacional y provincial sobre Derechos de los Niño, Niñas y Adolescentes.
Los objetivos centrales son brindar protección integral a los presuntos damnificados, para evitar su revictimización y situaciones estigmatizantes, así como también optimizar la oportunidad de obtener pruebas válidas para la investigación penal del hecho.
De allí la importancia de que la intervención de profesionales de la salud y otros agentes sanitarios en supuestos casos de abuso sexual de NNA sea la correcta, siguiendo las pautas establecidas en el Protocolo de abordaje.
Por ese motivo, desde el STJ se propicia la difusión y formación específica de recursos humanos en esta temática para obtener óptimos resultados en la investigación preliminar y en la sanción de los responsables de abuso sexual, en particular de los NNA.
En esa misma línea de acción, desde el Poder Judicial se avanzará con otras instituciones, como establecimientos escolares, clubes y asociaciones civiles, para formar a directivos y personal intervengan ante la presunción de un hecho de esta naturaleza, quienes deberán cumplir con las pautas del Protocolo, para asegurar la objetividad e imparcialidad necesarias en el proceso investigativo judicial posterior.