Lo resolvió la Cámara en lo Penal Económico. El acusado benefició a un funcionario de Taiwán para ingresar al país un Mercedes, en 2007.
La Justicia confirmó el procesamiento de Ricardo Echegaray por contrabando agravado, por irregularidades en la autorización del ingreso de un vehículo con patente diplomática.
La Cámara en lo Penal Económico ratificó la medida sobre el exfuncionario en su paso como director de la Aduana, mientras que revocó la fianza de un millón que el juez de primera instancia le había fijado como condición para permanecer en libertad, modificándola a una caución juratoria.
Echegaray es investigado en esta causa por haberle otorgado el permiso de ingreso de un auto a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina en 2006. El vehículo en cuestión entró el país sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego fue vendido a un particular. Se trata de un Mercedes Benz E 350.
El vehículo estaba destinado a un hombre llamado Chun Teh Hsieh, que era representante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei (Taiwán). Junto a Echegaray, el diplomático habría estado al tanto de que no correspondía autorizar la importación del vehículo mediante este régimen, de acuerdo a la causa.
Con este fallo la Cámara ratificó el procesamiento de Echegaray que había dispuesto el juez en lo penal económico Diego Amarante. Además confirmó la prohibición de salida del país, la obligación de no ausentarse por más de 72 horas de su domicilio y de tener que presentarse periódicamente en el juzgado.
Aunque dejó sin efecto la caución de un millón de pesos que Amarante le había fijado como condición para seguir en libertad. Echegaray ya había depositado ese monto, por lo que le devolverán ese dinero y podrá seguir en libertad bajo "caución juratoria" (promesa de presentarse siempre que sea llamado por el juez, y fijar domicilio).
Echegaray se enfrenta a un duro panorama judicial, ya que además de esta causa fue involucrado en el juicio por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica, está procesado por la megaevasión de la empresa petrolera Oil de Cristóbal López, por sobreprecios en una licitación de la AFIP y además va a juicio oral por falso testimonio contra el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.