Son cinco religiosos y cuatro laicos que fueron abusados por curas.
La crisis de la Iglesia chilena, que llevó a 29 obispos convocados en el Vaticano a presentar la renuncia en bloque al Papa, dio otra vuelta de tuerca: dos senadoras chilenas presentaron un proyecto de ley para revocar la nacionalidad otorgada por gracia en 2008 al hasta entonces italiano Ricardo Ezzatti, arzobispo de Santiago y cardenal. Por otro lado, están viajando a Roma cinco religiosos y cuatro laicos abusados por curas, que el Papa recibirá en el Vaticano durante el fin de semana y albergará en la casa de Santa Marta, el hotel interno donde reside Jorge Bergoglio.
Las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz argumentaron que el cardenal Ezzati “ha dejado de cumplir los requisitos que dicho beneficio establece en la normativa chilena”.
La iniciativa es un misil disparado contra el arzobispo de la capital, acusado de ser uno de los mayores responsables de seguir al cardenal Francisco Errázuriz en la consolidación de una iglesia conservadora y replegada en sí misma, que dio cobertura a clérigos abusadores “para evitar el escándalo” y daño irreparablemente la vida de muchas víctimas.
El Papa recibió ya a tres de las víctimas del monseñor Fernando Karadima, que ejercítaba una influencia carismática en las clases altas chilenas, sobre todo durante la dictadura de Augusto Pinochet, a la que estaba vinculado.
El Congreso chileno le concedió unánimemente la nacionalidad al cardenal Ezzatti, por su fructifera labor de 30 años”.
Las senadoras dicen que la nacionalidad le fue otorgada por una relevancia nacional, cuando en cambio Ezzati ha sido “negativo, perjudicial o mediocre en su conducta”.
La iniciativa, explica el diario chileno La Nación, se enmarca “en las revelaciones sobre el conocimiento que tenía el arzobispo de Santiago sobre los cuestionamientos al obispo Juan Barros”, uno de los discípulos y cómplices de monseñor Karadima. Barros alega que aunque estaba al lado de Karadima, como acusan las víctimas, nunca lo vio cometer “actos impropios”. Barros es obispo de la ciudad de Osorno.
Las senadoras afirman que hace años que la actividad del cardenal arzobispo de Santiago no se traduce en un beneficio efectivo y relevante para el país en el ámbito religioso ni constituye un servicio destacado a la república”.
Señalan que el cardenal ha actuado “en la obstrucción para el conocimiento de la verdad y la justicia, mediante acciones a impedir la asistencia de una de las víctimas de Fernando Karadima”.
El pedido de las senadoras coincide con el viaje a Roma de nueve personas que denuncian las actividades de Karadima, condenado por el Vaticano en 2010 a “una vida de silencio y penitencia”, sin actividades públicas. El grupo está integrado por el presbítero Francisco Astaburuaga y los religiosos Eugenio de la Fuente, Sergio Cobo y Alejandro Vial, entre otros. Las reuniones con el Papa tendrán lugar entre este viernes y el domingo.