El juez comercial Javier Cosentino separó a los administradores de Oil Combustibles, por serias irregularidades.
El juez comercial Javier Cosentino intervino la principal empresa de Cristóbal López, Oil Combustibles, a la que la AFIP le reclama deudas por $17.000 millones, y desplazó a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.
El magistrado designó como interventores a los coadministradores que había puesto el mes pasado en la compañía, los cuales detectaron una serie de "irregularidades de tal entidad, que convencen acerca de la necesidad de desplazar totalmente al órgano de administración natural de la sociedad", planteó el juez que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles.
Esta decisión profundiza la crisis en el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Sousa; y aleja cada vez más al fondo de inversión OP Investment, de Rosner y Dellatorre, de ese grupo de 170 empresas (entre las cuales están Oil Combustibles, C5N, Radio 10 y la constructora CPC). Es que primero el juez federal Julián Ercolini prohibió la venta de esas empresas y ahora el juez comercial los desplazó de la administración de su principal compañía.
En simultáneo, el fallo de Cosentino abre el camino para que la Justicia pueda comenzar a regularizar la situación de Oil Combustibles, que tiene paralizada la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y dejó de proveer nafta a sus más de 300 estaciones de servicio.
Como fundamento de la intervención judicial en Oil, la empresa que entre 2012 y 2015 retuvo más de $ 8.000 millones del impuesto a la transferencia de combustibles, el fallo de Cosentino menciona una serie de irregularidades detectadas por los tres coadministradores Carlos Bianchi, Liuba Lencova Besheva y Francisco Cárrega -ahora interventores de la compañía-. Una de ellas fue la falta de suministro de información requerida por el juzgado, así como el "notable aumento del pasivo posconcursal, tanto impositivo como comercial y desconocimiento por los administradores de lo relativo al incremento de dicho pasivo". Es que el 1 de marzo informaron que ese pasivo era $ 1.482,65 millones, "casi trescientos millones más" que el informado el 31 de diciembre pasado.
Además, los ahora interventores de la compañía señalaron que en el mes de enero una Asamblea aprobó honorarios excesivos para sus directivos, por $ 22,8 millones, pese a que la empresa había tenido una pérdida de $ 625 millones en su último balance cerrado en junio pasado. "Es decir, que se aprobaron honorarios por montos muy superiores a los aprobados en el ejercicio anterior, con una pérdida mucho más significativa", dijo el juez Cosentino.
Otras irregularidades mencionadas por Cosentino fueron la "conformación de un Centro de Costos Corporativos, que implicó un pasivo de más de dos millones de pesos en dos meses a cargo de Oil, que se halla en una situación de crisis extrema; contrataciones de servicios externos por sumas relevantes, sin que al menos en algunos casos se haya justificado la prestación de tales servicios; desatención de la regla de prudencia y austeridad aconsejada invariablemente por la sindicatura desde hace tiempo".
Algunos pagos de Oil Combustibles, bajo la administración de Rosner y Dellatorre llamaron la atención, como $ 8,1 millones en honorarios a ellos mismos, que tuvieron que devolver ante el reclamo de los ahora interventores judiciales. También hubo pagos por $ 2,3 millones para el economista Martín Redrado y una orden de pago -que se anuló- por $ 435.000 para el dirigente político Alberto Fernández. Además, hubo $ 13,4 millones para el abogado penalista Carlos Beraldi, representante legal de Cristóbal López, de los cuales todavía se le adeudan $ 2,5 millones. Y otros $ 7,2 millones para el lobbista Jorge Rottemberg, entre otros.
Fuente: Clarín