Hacían figurar prácticas de laboratorios truchas. Recaudaban 300 mil pesos al mes.
La justicia federal procesó a un médico y tres bioquímicos salteños en una causa que investiga una estafa al PAMI a través de prácticas de laboratorios que nunca se realizaron o se cobraron dos veces, entre otras anomalías, por un monto estimado en 300.000 pesos mensuales, informaron fuentes de la investigación.
El juez federal de Jujuy, Wenceslao Cardozo, imputó a los bioquímicos Osvaldo Oscar Miranda, Enrique Guillermo Bardi y Silvina Mariela Díaz y al médico Augusto Saúl Sasso, a quienes halló "responsables a prima facie del delito de defraudación a la administración pública".
Cardozo procesó a Miranda como autor del delito y a los otros tres profesionales como coautores, tras una auditoría realizada en enero de este año por la Asociación de Bioquímicos de Salta (ABS) al detectar maniobras sospechosas.
De allí surgieron innumerables anomalías, compatibles con hechos de estafa en perjuicio de la obra social de los jubilados mediante prácticas de laboratorio no realizadas o que se cobraron dos veces, entre otras.
La investigación, encarada en Salta por el fiscal federal Ricardo Toranzos, incluyó una serie de allanamientos en clínicas, laboratorios y consultorios de la capital provincial y la imputación de seis profesionales, a dos de los cuales el juez le dictó falta de mérito por no hallar elementos para procesarlos.
En la misma resolución del procesamiento, firmada el lunes último y conocida hoy, el magistrado trabó embargos para Miranda, Bardi, Díaz y Sasso, de 100.000 mil pesos a cada uno.
En su momento, Toranzos explicó que la investigación comenzó cuando la ABS detectó una práctica de laboratorio que no había sido recibida por un paciente, lo que motivó que realizara una auditoría.
El peritaje contable reveló que no se trataba de un solo hecho sino de una serie de maniobras delictivas que incluían prácticas bioquímicas a afiliados fallecidos, facturas de servicios no realizados y análisis cobrados dos veces.
Ante esta situación, la ABS se comunicó con el PAMI, le facilitó toda la documentación y el organismo nacional radicó la denuncia, que dio inicio a una causa penal y derivó en los allanamientos, entre otras diligencias solicitadas por Toranzos al juez federal de Jujuy.
El año pasado, antes de la auditoría, Toranzos adelantó que el perjuicio al PAMI rondaba los 300.000 pesos mensuales y que las maniobras se extendieron al menos durante un año.