Hubo allanamientos sin autorización judicial, lo que podría generar nulidades; el fiscal denunció a magistrados y a un secretario.
El caso abierto por la desaparición de Daiana Garnica dio un vuelco. No se trata de una nueva pista, sino de una serie de acusaciones contra jueces y un funcionario que desnudó la existencia de vicios procesales que ponen en peligro la investigación.
El sábado 6 de mayo la joven abandonó su vivienda en Alderetes para encontrarse con su vecino Darío Suárez. A Daiana no la volvieron a ver más. El fiscal Claudio Bonari recibió la denuncia, y al día siguiente dispuso la aprehensión del principal sospechoso y de otras personas.
Con el correr de las semanas, el investigador elaboró una teoría: Daiana fue secuestrada y luego asesinada por Suárez que contó con colaboradores para cometer el crimen y ocultar su cuerpo. En total, fueron procesadas 13 personas y a 12 de ellas les dictaron prisión preventiva. En el ínterin se extraviaron pruebas clave encontradas en la cortada de ladrillos donde trabajaba Suárez.
Esta semana, Bonari se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para informar que había denunciado en sede penal a dos jueces subrogantes del Juzgado de Instrucción N°5, Víctor Manuel Rougés y Marcelo Mendilaharzu, y al secretario de esa oficina, Carlos López. Según el fiscal, corresponde investigar si Rougés y López cometieron algún delito por no haber estado en su despacho el domingo 7 de mayo para autorizar los allanamientos que él había solicitado el recibir la denuncia de la desaparición de la adolescente. Bonari a su vez puso en conocimiento de la Justicia que había encontrado mensajes entre la coimputada Victoria Melián y el juez Mendilaharzu, quien también intervino en la causa: esta comunicación ocurrió el día de la desaparición de Daiana (se informa por separado).
Las denuncias penales que Bonari formalizó esta semana quedaron en manos del fiscal Washington Navarro Dávila. Estas actuaciones exponen que el fiscal practicó una serie de medidas investigativas el 7 de mayo sin constar con el visto bueno del Juzgado N°5 (de turno ese día), como él mismo admitió en un dictamen que firmó el mismo domingo. Esos procedimientos permitieron aprehender a Suárez, a su esposa Yanina Villarreal, a su suegra Juana Rosa Funes y a su prima Maby Castro. También se ingresó a los domicilios para realizar secuestros. Lo más importante es que con esa orden de Bonari requisaron la cortada de ladrillos y desarmaron el horno donde supuestamente los acusados podrían haber incinerado el cuerpo de Daiana.
La defensa del fiscal
Pero al no haber habido intervención de un juez de instrucción, todas estas medidas podrían ser declaradas nulas por la Justicia. Julieta Jorrat, defensora de Suárez, confirmó que pretende estudiar el asunto. La falta de autorización del Juzgado N°5 también podría derivar en una demanda contra el Estado para que se haga cargo del costo de reparar o rearmar los hornos que fueron destruidos para buscar pruebas.
“Voy a defender la investigación que realicé. Ordené hacer los allanamientos amparándome en un artículo del Código Procesal en el que se establece que puedo ordenar esa medida si es que considero que hay en peligro una vida”, confió Bonari. “En ese momento había una chica desaparecida y teníamos un horno que fue prendido la noche anterior. Suponíamos que allí podría haber sido arrojada. Ante esa situación, y al no estar el juez ni el secretario interviniente, decidí ordenar la medida”, agregó.
Una fuente del Juzgado N°5 confirmó que el fiscal se comunicó telefónicamente el domingo al mediodía y que le dijeron que ese día por la tarde, cuando estuviesen listos todos los dictámenes de las causas en trámite, resolverían sus pedidos porque el turno implica “una guardia pasiva”: sólo hay que ir si hace falta. Agregó que aquel domingo Bonari mandó seis casos, pero que entre ellos no estaba el de Daiana, que recién ingresó el lunes con las medidas concretadas.
En virtud de este conflicto, Bonari recusó a todo el personal del Juzgado N°5. La impugnación fue rechazada por el juez subrogante Juan Francisco Pisa. “El planteo efectuado no sólo carece de identificación de los recusados, sino que además no menciona las posibles causales. De más está decir que la norma procesal no prevé la recusación de empleados judiciales por lo que el planteo efectuado carece de sustento”, argumentó el magistrado.
El juez que se mensajeó con una acusada
El fiscal Claudio Bonari pidió que se investigue en sede penal al juez Marcelo Mendilaharzu, quien tuvo contacto con una de las acusadas de encubrimiento en el caso de la desaparición de Daiana Garnica. Por otros hechos, Bonari también denunció al secretario Carlos López y al juez Víctor Manuel Rougés (se informa por separado).
Según pudo reconstruir el diario La Gaceta, la coimputada Victoria Melián se había comunicado con el magistrado en las horas posteriores al hecho ilícito mediante mensajes de texto y un llamado que aquel no atendió. La ex mujer del hermano de Darío Suárez, el principal sospechoso, habría dicho a Mendilaharzu que necesitaba hablar con él.
Siempre de acuerdo a lo informado, Mendilaharzu le respondió por mensaje que se contactara con su hija Teresita Mendilaharzu. La acusada de encubrimiento luego fue defendida por el letrado Juan José Correa Uriburu, esposo de Teresita Mendilaharzu y yerno del juez correccional que normalmente actúa como subrogante del Juzgado N°5. Bonari advirtió esta situación al leer las transcripciones de los mensajes del teléfono que había secuestrado a Melián. Acto seguido, recusó a Mendilaharzu, quien hasta entonces había intervenido en algunos trámites de la causa de Daiana. En ese momento, el juez se inhibió alegando que su yerno defendía a Melián: en principio dijo que conocía a la acusada pero que no tenía un trato cercano con ella.
En la causa hubo 10 policías arrestados
El 19 de junio se había vivido otra situación particular dentro de la causa: el fiscal Claudio Bonari arrestó a 10 policías de la fuerza provincial que intervenían en el caso por el extravío de una prueba. De hecho, en esos días el ministro fiscal Edmundo Jiménez calificó de gravísimo el hecho y anunció que, desde que se encuentra al frente del Ministerio Público, jamás había ocurrido algo tan lamentable.
Tras una ronda de declaraciones de los apuntados, se desligó de la acusación a los efectivos de la división Homicidios y apuntó los cañones contra el personal de la Policía Científica, que estaba a cargo de la custodia. Algunos días después, ordenó que se aprehendiera a una dentista que forma parte de ese equipo. La especialista quedó a disposición de la fiscala Mariana Rivadeneira, de turno en ese momento, y fue liberada un día después por la funcionaria judicial.
En ese momento, Bonari también decidió desplazar del caso a la Policía de Tucumán y dejó la investigación a cargo de efectivos federales. Sin embargo, cuando la fiscalía fue subrogada por Diego López Ávila, se volvió a trabajar con los uniformados de la provincia.
En cuanto a la muestra, aún no apareció, pese a que durante largas jornadas se abrieron todos los sobres. Se trata de un elemento del tamaño de un encendedor, que fue recogido durante uno de los allanamientos y que podría ser un resto óseo.
La Gaceta