Tamayo, hallado culpable del asesinato de un policía en enero de 1994, en Houston, fue ejecutado mediante una inyección letal en la “cámara de la muerte” de la prisión de Huntsville.
La ejecución fue presenciada por la madre y otros parientes de Guy Gaddis, el policía asesinado, pero no por familiares de Tamayo, de acuerdo con una petición de éste.
La pena se cumplió tres horas y media después de lo previsto debido a las dos apelaciones presentadas a último momento ante el máximo tribunal federal y a pesar de las numerosas peticiones de organismos internacionales y hasta de los gobiernos de México y Estados Unidos para suspenderla, argumentando fallas procesales en su juicio y la discapacidad mental que sufría el reo.
Inmediatamente después de conocida la noticia de la ejecución, la cancillería de México emitió un comunicado lamentando el hecho y exhortando a que las autoridades estadounidenses “tomen acciones efectivas” para evitar que “se ejecuten otras condenas en desacato del Fallo Avena”.
Tamayo fue ejecutado apenas se supo que la Corte Suprema federal había rechazado en Washington las apelaciones presentadas por la defensa de aquél, una basada en su estado mental y la otra, en los vicios procesales que tuvo el juicio.
Tamayo pasó sus últimas horas “tranquilo y resignado”, dijo que “estaba listo para irse” porque “20 años en la cárcel ya era mucho”, y tomó costillas de cerdo, arroz, vegetales verdes, café y té en su última cena -el menú ordinario del día en el penal, pues no pidió nada especial-, reveló Jason Clark, vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, según la agencia Notimex.
Poco después del mediodía fue trasladado desde Livingston, en cuya prisión estuvo recluido, al penal de Huntsville, a 65 kilómetros de aquélla y a 216 kilómetros al noreste de Austin, la capital de Texas.
Por la mañana, aún en Livingston, había recibido durante dos horas a sus padres y luego, por un lapso similar, a sus dos hijas, para despedirse. “Está bien”, comentó escuetamente Héctor Tamayo tras haber visitado a su hijo.
Mientras tanto, dos de los últimos recursos de la defensa del mexicano eran rechazados.
Primero, la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas, por seis votos a favor, una abstención y ninguno en contra, denegó el pedido de clemencia, consignó el diario La Voz de Houston.
Más tarde, los tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Texas resolvieron, por unanimidad, rechazar el recurso presentado por los abogados de Tamayo para frenar la ejecución.
Luego de ello, las únicas esperanzas de sus defensores quedaron cifradas en la facultad de la Corte Suprema federal y del gobernador tejano, el republicano Rick Perry, de intervenir para aplazar la sentencia.
Perry, gobernador del estado desde 2000, es un conocido defensor de la pena de muerte, igual que su antecesor, George Walker Bush, quien propuso instaurarla en todo Estados Unidos tanto en sus campañas proselitistas para la Presidencia como incluso en el gobierno federal, que ejerció entre 2001 y 2009.
De 47 años y con un diagnóstico de “discapacidad mental leve”, según el diario mexicano Excelsior, Tamayo fue condenado a muerte tras haber sido hallado culpable del asesinato de un policía, en enero de 1994, en Houston.
Su caso forma parte del llamado Fallo Avena, como se conoce a una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en 2004 estableció que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena con respecto a 51 mexicanos condenados a muerte porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular. Tamayo fue el tercero de esos 51 mexicanos en ser ejecutado.
Tanto los abogados de Tamayo, como organismos internacionales -entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas y la Unión Europea- e incluso los gobiernos de México y Estados Unidos reclamaron, sin éxito, la suspensión de la ejecución.
La Casa Blanca pidió ayer “un retraso” de la ejecución que permita efectuar “una revisión y reconsideración” de la sentencia, y advirtió sobre las consecuencias que el caso puede tener en materia internacional.
Asimismo, el gobierno de México declaró el domingo que la ejecución representará “una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena”, aunque valoró “los esfuerzos” de Washington en procura de que Texas acate el Fallo Avena.