El joven, de 35 años, había recibido el impacto de un gas lacrimógeno en la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo, que le causó fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.
El fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente el pasado 12 de marzo en medio de un operativo de las fuerzas federales durante la marcha de jubilados en el Congreso, abandonó momentáneamente la sala donde estaba internado y reapareció públicamente.
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En la imagen difundida a través de las redes sociales se lo ve en una de los balcones del Hospital Ramos Mejía, en el que fue operado y permanece internado desde hace casi dos meses.
Por la agresión a Grillo hay una investigación judicial en curso, mientras que el operativo en el que fue herido fue defendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que motivó fuertes cuestionamientos de la oposición.
“Después de 55 días en terapia intensiva, hoy Pablo salió a pasear por el hospital”, consignó la cuenta “Justicia por Pablo Grillo”, que ayer subió la imagen. En la fotografía se lo ve al joven, de 35 años, acompañado por dos miembros del equipo de salud del hospital porteño.
Grillo, que trabajaba de manera independiente, terminó gravemente herido el pasado 12 de marzo luego de ser alcanzado por el casquillo de una granada de gas lanzada de manera horizontal por un efectivo de la Gendarmería.
A instancias del fiscal Eduardo Taiano, la jueza María Servini pidió que el ministerio le gire “todas las actuaciones labradas a raíz del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad el día 12 de marzo”, y todo el “marco normativo” que aplica al caso, como “protocolos y reglamentos”, además de la orden que bajó desde el Ministerio para poner en marcha el operativo.
A su vez, la jueza pidió que se especifique el tipo de “armamento no letal” que se utilizó ese día, y las respectivas “guías de actuación” que regulan su manejo.
También los sumarios o informes que se labraron después de los hechos, de haberse realizado alguno. La granada de gas que impactó a Grillo, un instrumento diseñado para dispersar a los manifestantes, debió haberse lanzado de tal manera que su trayectoria dibuje una parábola pronunciada.
Pablo Grillo junto a sus padres
Servini le pidió la misma información al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, desde hace un mes en manos de Horacio Giménez, tras la salida de Waldo Wolf. En el marco de otras actuaciones por los mismos hechos, el ministerio de Seguridad porteño sostuvo que durante la movilización del 12 de marzo no se puso en marcha ningún protocolo en particular y que la normativa vigente sobre el tema es el “Protocolo para el Uso de la Fuerza en el marco de la actuación Policial”, publicado en marzo del año pasado en el boletín oficial.
La denuncia que guía la investigación sobre los hechos es una de las dos que activó la Procuvin, una fiscalía contra la violencia institucional. Junto a ella tramitan otras actuaciones, como la denuncia que hizo la familia de Grillo o la que hizo Beatriz Blanco, la jubilada que cayó secamente de espaldas luego de trenzarse en una disputa con un policía.
El caso tramita en el juzgado de Servini, luego de que el presidente de la Cámara Federal, el magistrado Mariano Llorens, debiera resolver la semana pasada una disputa por la competencia. La decisión hizo recaer la causa en el Juzgado Federal Nº 1.
