La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de captura en contra de Vladimir Putin por la supuesta deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado a territorios rusos.
Por Atilio A. Boron
Para Página 12
Esa es “la noticia” que, no por casualidad, acapara los titulares de los grandes medios de comunicación de Occidente aunque no del resto del mundo. Son 123 los países signatarios del Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI. De éstos 33 son Estados africanos, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa oriental, 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental. Según el Estatuto todos ellos están obligados a ejecutar los mandatos de detención que emite la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya. ¿Lo harán? No es imposible, pero ciertamente muy poco probable.
Por de pronto, ni Estados Unidos, ni China ni Rusia reconocen la jurisdicción de la CPI, y lo mismo ocurre con algunos otros países. De hecho, como en más de una ocasión lo observara Noam Chomsky, Estados Unidos no ha ratificado buena parte de los tratados internacionales firmados por la gran mayoría de los miembros de la comunidad internacional. Por lo tanto la citación cursada a Putin es apenas un pedazo de papel y nada más. Por eso, la pretendida universalidad de la CPI es más ilusoria que real. Segundo, es preciso reconocer que esta institución es más que nada un invento europeo, una tardía -y culposa- tentativa de reparación por los crímenes cometidos contra los pueblos y naciones oprimidas durante cinco siglos de dominación colonial.
Tercero, la detención y enjuiciamiento de Putin sería un hecho anómalo en la historia de un tribunal internacional que jamás se inmutó ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Estados Unidos y sus aliados europeos durante la Guerra de Irak. Ésta se llevó a cabo de forma totalmente ilegal al carecer de la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sobre la base de un falso pretexto: la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Los inspectores de la ONU así como numerosos expertos que estaban en el terreno advirtieron que esa acusación, esgrimida por el gobierno de Estados Unidos -y, acompañada por toda la “prensa seria” de Occidente- era una patraña para justificar una guerra de saqueo a una potencia petrolera que requería, paso previo, producir un “cambio de régimen” y acabar con el gobierno de Saddam Hussein. Esa aventura criminal cobró la vida de más de un millón de personas.ii Pese a ello, los autores intelectuales y ejecutores de semejante carnicería no fueron molestados por los togados con sede en La Haya.
Ni George W. Bush, Condoleezza Rice y Colin Powell, por parte de Estados Unidos, ni Tony Blair y Gordon Brown, por parte del Reino Unido fueron siquiera apercibidos por la masacre desatada en tierras iraquíes. Pero Putin, demonizado hasta lo indecible por una histeria rusofóbica al servicio del gran proyecto estadounidense de destruir a Rusia, fragmentándola en múltiples estados débiles, cuando no impotentes, como hiciera con Yugoslavia a finales del siglo veinte, Putin sí, decíamos, debe ser llamado a declarar ante la Corte y, con toda seguridad, condenado. Como sabemos, aparte de su racismo y adicción a la rapiña la hipocresía y la doble vara para medir y juzgar los mismos hechos es otro de los rasgos que caracterizan a la “civilización” occidental, su dirigencia política y sus medios de comunicación.
Antes de esta orden de arresto emitida en contra de Putin la CPI había ventilado 31 casos de crímenes de guerra, involucrando sin excepción a ciudadanos africanos. ¿Cómo explicar esto? ¿Tan sólo en África se producen los crímenes de guerra que desvelan a la CPI? Obvio que no. Pero a diferencia de los líderes de las potencias occidentales los africanos, al igual que Rusia hoy, carecen de la protección mediática, diplomática, económica y política que gozan aquellos. Los líderes de Estados Unidos y los países europeos, especialmente estos últimos, llevan siglos cometiendo atrocidades con total impunidad. Las víctimas de sus crímenes, o sus descendientes africanos, en cambio, son prontamente citados por la justicia internacional. Va de suyo que no existe la menor posibilidad de que Putin sea arrestado para ser llevado ante los estrados de la CPI. Pero el episodio deja en evidencia una importante lección al revelar el doble estándar y el escandaloso sesgo occidentalista y pro-imperialista con que se manejan los asuntos en los organismos supuestamente imparciales y objetivos, creados por las potencias dominantes para sentar las bases de una “justicia internacional.”