A sus funcionarios les pidió un esfuerzo adicional para el primer trimestre del año para conseguir que los precios queden en un 3% mensual, como prometió.
“No me suban a otra carrera porque la nuestra es la del desarrollo económico de Argentina”. Con esta frase Sergio Massa buscó el jueves por la tarde disipar, una vez más, los rumores sobre su posible candidatura presidencial para las próximas elecciones. Pese a esos intentos, y mientras en distintos sectores de la coalición aparecen candidatos tras la confirmación de Cristina Kirchner en diciembre pasado de que no competirá, el nombre de Massa aparece como firme opción en las urnas, según coinciden en las terminales del oficialismo. El ministro de Economía ha deslizado en charlas reservadas que su objetivo de postularse no está totalmente postergado para 2027, como gusta decir.
Claro que su apuesta electoral está atada al éxito en su gestión, principalmente en su capacidad para mantener bajo control el índice de inflación. En ese marco aparece un objetivo que él mismo se fijó: 3% de incremento para abril, una meta que luce muy exigente con los actuales indicadores y a la vista de los aumentos de servicios previstos para este año. Para llegar a esa cifra, se propuso bajar un punto cada dos meses y medio, una ecuación que llegaría al número propuesto para el cuarto mes del año, en víspera de las definiciones clave para las elecciones.
En las últimas semanas Massa dejó en claro que para cumplir con su profecía está dispuesto a jugarse como sea. Lo saben sus funcionarios más cercanos, que cenaron con él antes de fin de año en el quincho del Palacio de Hacienda y escucharon de su boca el pedido para “hacer todo el esfuerzo posible en los primeros tres meses del año”. Después les reforzó diariamente el mensaje en el grupo de chats que comparten: “Es ahora cuando tenemos que tratar de alcanzar la meta que nos propusimos”. Él jamás menciona el tema electoral, pero todos en su entorno lo asumen como la razón última de la demanda.
Pero también Massa está haciendo girar la política económica detrás del objetivo inflacionario-electoral que se trazó. La Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, se transformó en una usina de gestiones para controlar la cadena de producción, distribución y ventas, a fin de alinearlo con el programa de Precios Justos, un acuerdo de precios con los supermercadistas, que también tiene como fecha de cierre abril.
En el mundo empresario cada vez son más los que admiten que reciben llamadas de la Secretaría y que perciben un creciente celo por lograr que nadie se desvíe del esquema previsto. En el medio hay un juego de incentivos -por ejemplo acceso a dólares para importar- y de amenazas -controles de AFIP y de Aduana-.
Esa lógica quedó más en evidencia el viernes, cuando se anunció que sería el gremio de Camioneros el que colaboraría en el control de los precios en el suministro de productos a supermercados, como en algún momento hicieron movimientos sociales y municipios. Pero ahora hay una novedad: la mira no está en los supermercados, sino en los proveedores, que estarían priorizando el abastecimiento a las bocas de consumo alternativos que no son parte del programa Precios Justos.
Los sindicatos son parte importante de la estrategia de Massa, no solo para desarrollar tareas de control, sino también para ayudarlo a anclar expectativas inflacionarias. Quedó en evidencia la semana que terminó cuando anunciaron un preacuerdo con un grupo de gremios grandes para que la pauta de actualización salarial fuera del 30% en los primeros tres meses del año. Otra vez, la mira en abril. No parece una casualidad. Apareció Héctor Daer en primera línea con su gremio de Sanidad, pero también se anotaron Armando Cavalieri con Comercio, Ricardo Pignanelli con Smata, Roberto Fernández con la UTA y Sergio Palazzo de Bancarios, entre otros. Está claro que los gremialistas no solo están interesados en bajar la inflación: también empiezan a ver a Massa como su candidato más potable, dentro de la confusión en la que quedó envuelto el oficialismo tras la “proscripción” de Cristina Kirchner, según ella misma lo definió.
Sin embargo, el tema trajo ruido interno. Gerardo Martínez, titular de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, sostuvo que “las paritarias son libres y soberanas de cada sector”. Y advirtió que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”. En la misma línea fue el número dos de SMATA, Mario Manrique, un histórico moyanista fiel. Es entendible el reparo: si bien el acuerdo que hizo Massa incluye una cláusula de que si la inflación supera el tope acordado se revisarán los términos, no quieren quedar prisioneros de una cifra fija cuando todavía no deben renovar sus propias paritarias.
“Hay que ver hasta dónde eso se puede sostener, porque si los demás números no acompañan, la realidad es que no nos podemos quedar con esos porcentajes desde el vamos”, se sinceró un gremialista que admite entender el “contexto general y lo que tiene que colaborar cada sector” a la vez que trata de fungir como equilibrista entre lo que reclaman “las bases”, lo que pide el Gobierno, y una realidad que no garantiza que la baja de la inflación esté asegurada.
Esos reparos son compartidos por el sector privado, que visualiza muy complejo que Massa pueda alcanzar su objetivo, aunque en sus cinco meses de gestión haya logrado pasar de un 7% de inflación al 5,1%, de diciembre que se anunció la semana pasada. El Indec, el instituto encargado de hacer el relevamiento de precios, empieza ahora a ser seguido con más celo por la oposición. El organismo está encabezado por Marco Lavagna, un economista respetado pero que viene trabajando en el equipo de Massa y que incluso lo acompañó en su última gira por Estados Unidos.