En JxC hay diferencias sobre la conveniencia o no de dar quorum y de aprobar la iniciativa; rechazo de los libertarios y de la izquierda al proyecto.
El debate sobre el proyecto de presupuesto 2023 se complicó en las últimas horas en la Cámara de Diputados. La oposición, que hasta el fin de semana pasado tenía como estrategia aprobar el texto en general y rechazar luego sus artículos más polémicos, endureció su postura con el argumento de que el oficialismo introdujo cambios a último momento en el dictamen que, a su juicio, son inaceptables. Así las cosas, esta noche cundía la incertidumbre y nadie podía dar por garantizado siquiera el quorum para arrancar la sesión, prevista para este martes al mediodía.
En rigor, la discusión excede lo estrictamente legislativo y se tornó en una pelea electoral. El enfrentamiento ya no es solo entre oficialistas y opositores: en Juntos por el Cambio, donde las distintas tribus están enfrascadas en una lucha encarnizada por el liderazgo del espacio, las diferencias quedaron expuestas. Todos desconfían de todos y cada sector buscaba llevar agua a su propio molino.
Sin acordar antes una posición común, la Coalición Cívica y el republicano Ricardo López Murphy se anticiparon y anunciaron que votarán en contra del presupuesto, postura a la que esta noche adhería el sector más duro de Pro. Más moderados, la UCR –que al cierre de la jornada mantenía una reunión de bloque- y Evolución Radical se inclinaban por votar en general el proyecto para no dejar al Gobierno sin presupuesto por segundo año consecutivo: significaría entregarle una carta blanca para reasignar las partidas a su total discreción en un año electoral, advertían.
En el medio, el sector moderado de Pro proponía la abstención como estrategia. Como si la confusión ya no fuese suficiente, anoche el interbloque Federal, con sus ocho integrantes –claves a la hora del quorum–, le anunciaron a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que posiblemente no se sienten en sus bancas. Pese a que firmaron el dictamen (con disidencias), no convalidan que el oficialismo insista en aprobar mañana el artículo que obliga al Poder Judicial a pagar el impuesto a las ganancias.
“Lo único que se logrará es paralizar la Justicia y agudizar todavía más la tensión con los jueces”, advirtieron sus voceros.
Lo curioso del caso es que los dos extremos del arco ideológico –los libertarios José Luis Espert y Javier Milei y la bancada de izquierda– votarán de igual manera: en contra. Claro que por motivos distintos. Anoche también debatían si darían quorum o no en la sesión.
Así las cosas, el primer presupuesto que envió al Congreso el ministro de Economía, Sergio Massa, quedó en puntos suspensivos, con final abierto. Lo único cierto –por ahora– es que el bloque oficialista que conduce Germán Martínez logró alinearse luego de que Massa accediera a reforzar varias partidas sociales por demás sensibles que en el texto original venían con importantes recortes. Entre ellas la de Educación: tal como publicó LA NACION, la iniciativa que envió Massa en setiembre pasado contenía un recorte que orillaba el 15% en términos reales respecto del año pasado; sin embargo, en el dictamen suscripto el jueves pasado el Gobierno accedió a reforzar estas y otras partidas sociales por un total de $320.000 millones, lo que calmó los ánimos oficialistas.
Sin embargo, a la oposición no le cierra la redacción final del dictamen. Si bien Massa accedió a su reclamo de incluir una cláusula que restringe al Poder Ejecutivo a manejar de manera discrecional ingresos extrapresupuestarios si la inflación supera el 60% (pauta proyectada en el proyecto), el resto de las modificaciones son, a su juicio, bastante opacas, cuando no polémicas.
Aunque no tenía la garantía de contar con la mayoría agravada de 129 votos para aprobarlo, estaba dispuesto a correr el riesgo. “Aún si perdemos la votación, salimos ganando: dejamos expuestos a los jueces que no quieren pagar el impuesto y a la oposición que los protegen”, se solazaban.