De los anuncios del flamante ministro de Economía, solo unos pocos están cerca de concretarse; parece que nada le va a devolver al Gobierno el tiempo que perdió procastrinando sus problemas.
Por Florencia Donovan
Para La Nación
El reloj empezó a correr para el superministro Sergio Massa. Después de los anuncios del miércoles, quedó claro que no hay política que le devuelva al Gobierno de Alberto Fernández el tiempo que perdió procrastinando sus problemas. Al borde del precipicio, la economía exige definiciones y rápido.
El equipo de Massa seguía hasta ayer intentando darle cuerpo a algunos de los anuncios más relevantes. De la decena de promesas y anticipos, sólo unos pocos enunciados están cerca de concretarse. Se espera que hoy Finanzas anuncie formalmente el canje de letras del Tesoro por un bono dual –que ajusta por dólar o CER, la variable que sea más favorable al inversor– a un año de plazo. La idea es que con este bono, el Gobierno despeje los vencimientos de pesos de agosto, septiembre y octubre, lo que equivale a unos $2 billones. Los bancos públicos y nacionales ya comprometieron su prticipación.
El directorio del Banco Central (BCRA) también trató la norma con la que se busca incentivar el ingreso anticipado de los dólares de la exportación. Quienes entren sus dólares podrán comprar una letra precancelable, en moneda extranjera, emitida por el BCRA a 180 días, o podrán –si adelantan más de 30 días la liquidación de sus divisas– acceder a una cuenta a la vista atada a la evolución del dólar oficial –dollar-linked–. La medida iría acompañada, posible o necesariamente, con una zanahoria impositiva: el acortamiento de los plazos para las devoluciones de IVA.
No parece casualidad que Lisandro Cleri, el hombre elegido por Massa para hacer pie en el BCRA, hiciera ayer su primera visita a la entidad. Como cualquier vecino, tuvo que ingresar por la mesa de entrada, en la calle Reconquista. Su designación como director del banco aun no fue formalizada. Tampoco participó de la reunión de directorio, que se dio ayer, como cada jueves. Todo pese a que Arnaldo Bocco, a quien reemplazará, se encargó ayer de liberar su oficina.
Recién en su reunión del jueves que viene el BCRA tendría previsto avanzar con una suba adicional de tasas de interés. Lo hará una vez que se conozca el índice de inflación de julio. En algunos despachos oficiales se ilusionan con que arroje una cifra apenas inferior al 7%; consultoras privadas, esperan que se ubique entre el 6,7% y hasta el 8,4%.
“Vamos a subir las tasas y la economía se va a frenar. No hay opción”, reconoce una fuente al tanto de la estrategia oficial. No sólo el FMI exige tasas de interés reales positivas –pese a la fuerte suba de 8 puntos de la semana pasada, siguen corriendo detrás de la inflación–, sino que también en el equipo de Massa consideran que es fundamental para contener la espiral de precios.
El resto de los anuncios de Massa todavía parecen en proceso de deliberación. El Gobierno pasó de la procrastinación a la precrastinación. La negociación por la mejora del “dólar soja” queda pendiente del encuentro de Massa y de su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, con la Mesa de Enlace. Pese al anuncio inicial, a la hora de hacer los números finos, en este punto también en el equipo económico se encontraron con que las limitaciones son mayores a las esperadas. Hoy, los productores que vendan su cosecha tienen la posibilidad de comprar dólares al tipo de cambio “solidario” por hasta el 30% del total. Aunque en conversaciones con la industria habían deslizado que podían llevar ese porcentaje al 50%, en el BCRA empiezan a advertir que los dólares que les entren pueden no ser suficientes para compensar los billetes que demande este proceso de dolarización.
También sigue vigente la idea dentro del equipo económico de avanzar con una suerte de dólar financiero libre para que los bancos puedan ofrecer entre sus clientes. Pero legal y políticamente hay varias barreras que sortear. Por lo pronto, porque algunos abogados creen que sólo podría hacerse mediante una ley o decreto con la firma del presidente. Alberto Fernández no fue hasta ahora demasiado afecto a las medidas de shock. Habrá que ver si finalmente corta la racha.
Más lejana aún parece la posibilidad de que, en el corto plazo, Massa concrete el tan preludiado préstamo que, según dijo, tres entidades internacionales y un fondo soberano ofrecieron darle a la Argentina para fortalecer la situación de las reservas internacionales. Quienes conocen de cerca este tipo de transacciones, e incluso ensayaron llevarlas a cabo en el pasado en la Argentina, no sólo anticipan que suelen llevar meses, sino que también advierten que dadas las pésimas condiciones financieras actuales del país –con bonos que cotizan a menos de US$ 20– parece casi imposible pensar que un préstamo de este tipo se concrete si no es bajo condiciones leoninas. El banco brasileño BTG Pactual estima que por cada US$1000 millones que podría conseguir la Argentina a modo de préstamo, debería entregar a cambio –o endeudarse, en realidad, es lo mismo– bonos por unos US$10.000 millones. “Es algo que ningún gobierno debiera aceptar. El ministro probablemente no consiga la autorización del Congreso para firmar un acuerdo tan oneroso”, subraya en un reporte difundido ayer entre clientes. Hasta al más hábil comunicador del kirchnerismo le va a costar armar un buen relato para venderlo.
Tal vez el frente en el que Massa sí podrá mostrar resultados más temprano que tarde sea el internacional. Tras tener su primera reunión con representantes del FMI, Massa tuvo su encuentro virtual ayer con Mauricio Claver-Carone, el titular del BID, que hace apenas algunas semanas publicó una columna en el Wall Street Journal para justificar por qué el banco no pensaba aprobar nuevos créditos para la Argentina. Cerca de Massa creen que tras el viaje que tiene previsto hacer a Washington, a fines de mes, podría haber un cambio de postura por parte del banco. La Argentina espera que el BID le libere al país una línea para fortalecimiento presupuestario –que no apunta a financiar proyectos específicos– por US$500 millones. El exministro del Interior menemista José Luis Manzano, sindicado por muchos como mecenas del tigrense, supo tener en el pasado excelentes vínculos con el clan Mas Canosa, importantes financistas de muchos políticos republicanos, incluyendo el propio Claver-Carone. Habrá que ver si este vínculo y el haber entregado la cabeza de Gustavo Béliz, el hombre con el que Alberto Fernández intentó infructuosamente reemplazar a Claver-Carone, son suficientes.
Los inversores, en el corto plazo, esperan ver agresivos resultados en el plano fiscal. Pero los números por ahora no cierran. En Hacienda reconocen que, a este ritmo, la Argentina está desviándose en cerca de 0,8 puntos porcentuales de la meta de déficit de 2,5% del PBI comprometida con el FMI. Aun un recorte agresivo de subsidios no es suficiente para lograrlo. No está claro cómo harán la quita de subsidios: en qué plazos, si requerirán o no de nuevas audiencias públicas, ni bajo qué conducción. ¿Asumirá Federico Bernal, hoy al frente del Enargas, en reemplazo de Darío Martínez? Voceros de Massa seguían sin confirmar los cambios anoche.
Cualquiera sea el caso, para cumplir las metas fiscales, explican quienes siguen de cerca los números, hace falta que además mejore la recaudación sobre todo por la vía de los derechos de exportación. Según la consultora ACM, los ingresos por derechos de exportación cayeron en términos reales 15,75% en julio pasado versus igual mes del año anterior.
También se profundizarán las demoras en los pagos a proveedores y, se espera, habrá un recorte de las transferencias a las provincias. “Eso lo tiene que negociar Massa”, dice uno de sus colaboradores. Las provincias, por las dudas, desempolvaron esta semana en el Senado el proyecto de Consenso Fiscal, que había firmado el presidente Fernández a fines de 2021, y que tiene por objeto blindarlas de cualquier ajuste.
Se sabe, impuesto que sube en la Argentina, no se baja. En nada cambia que las provincias hoy sean superavitarias. Es una máxima tanto para gobiernos oficialistas como para opositores. No más basta con mirar las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. Gran beneficiario indirecto de la “bola de Leliqs”, es tanto lo que estaría recaudando Rodríguez Larreta por el impuesto que aplicó sobre la tenencia de esos títulos por parte de los bancos, que hasta en su equipo habrían evaluado la posibilidad de eliminar el tributo sobre los consumos con tarjeta de crédito que ideó el alcalde para compensar la quita de coparticipación que se le hizo durante la gestión Fernández. “Pero se decidió esperar al fallo de la Corte sobre la coparticipación, no vaya a ser que como la Justicia piense que no necesitamos los fondos, entonces no nos devuelve la copa”, se sinceró una fuente. La casta cuida lo suyo, no importa el color político.