Una fiscal de la justicia salteña indicó que los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna.
En la provincia de Salta, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó al jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que se denunciara que le colocaron la vacuna a empleados del organismo público.
Para llegar a tal conclusión, la fiscal evaluó que Villagrán, en su condición de Jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigadores Fiscales y abusando de sus facultades solicitó al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, 50 vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19. Las distribuyó el 4 de febrero último y según su propio criterio entre el personal del CIF. Los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna.
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También sostiene la fiscal que Villagrán realizó la gestión de adjudicación de vacunas (SPUTNIK-V) contra la COVID-19 ante el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de Salta, por sus propios medios y sin poner en conocimiento a sus superiores. Tampoco informó a la Jefa del Servicio Médico del Ministerio Público. Las conductas atribuidas importaron una omisión ilegal a las funciones inherentes al cargo que desempeñaba, acción tipificada por el código Penal en el Art. 249, referido al Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público.